El gobierno de Gustavo Petro declaró estado de Emergencia Económica mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, buscando atender un déficit fiscal de $16.3 billones que se generó tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. Pero esto no terminó allí: el 11 de febrero de 2026 se declaró una segunda emergencia por desastres naturales en 8 departamentos (Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó) debido a inundaciones severas. El resultado: una cascada de decretos con nuevos impuestos temporales, oportunidades de normalización tributaria, y una guerra legal ante la Corte Constitucional.

¿Qué es el estado de emergencia económica?

Un estado de emergencia económica es una facultad excepcional que la Constitución colombiana otorga al presidente para enfrentar crisis económicas o de desastres naturales. Cuando se declara, el gobierno puede expedir decretos-ley con fuerza de ley ordinaria, sin necesidad de pasar por el Congreso.

La Constitución establece limitaciones claras: la emergencia no puede durar más de 30 a 90 días, y está sujeta a revisión inmediata por parte de la Corte Constitucional, quien puede suspenderla si considera que no responde a un evento excepcional real. Esto último ha sido crucial en el caso actual.

Los decretos expedidos

El gobierno ha emitido dos oleadas de decretos bajo estas emergencias:

Estos decretos crearon nuevos impuestos temporales, facilitaron mecanismos de normalización tributaria para evasores, y flexibilizaron el pago de obligaciones con la DIAN.

Nuevos impuestos temporales — Lo que debes saber

Importante: Estos impuestos son medidas temporales sujetas a revisión por la Corte Constitucional. Su vigencia puede cambiar según lo resuelva la Corte en los próximos días.

Impuesto temporal al patrimonio (Decreto 0173)

Este es el impuesto más importante cuantitativamente. Aplica a todas las personas jurídicas (empresas, cooperativas, asociaciones) cuyo patrimonio neto supere 200.000 UVT (aproximadamente $10.474 millones de pesos al valor de 2026).

Impuesto a juegos de azar en línea

Se estableció una tarifa de consumo del 16% sobre los depósitos en plataformas de juego en línea. La base gravable se calcula como total de apuestas menos premios pagados, evaluado cada dos meses. Aunque el impacto individual es menor que el patrimonial, busca gravar una industria que ha crecido aceleradamente.

Normalización tributaria: Blanqueamiento de activos ocultos

Una de las opciones más atractivas para quienes tengan activos no declarados: la normalización tributaria al 19%. Funciona así:

Para muchos empresarios y profesionales con ingresos no reportados, esta alternativa es muy atractiva frente al riesgo de una auditoría de la DIAN.

Facilidades de pago con la DIAN: Ponerse al día con descuento

Si tienes deudas tributarias acumuladas, hay una oportunidad única:

¿Qué dice la Corte Constitucional?

Aquí es donde las cosas se ponen complicadas. El 29 de enero de 2026, la Corte Constitucional emitió una decisión histórica:

Esto deja en el limbo los impuestos del Decreto 1390, pero mantiene vigentes (por ahora) los decretos de la segunda emergencia sobre inundaciones. La incertidumbre es máxima: un contribuyente que pague el impuesto al patrimonio el 1 de abril podría, después del fallo de la Corte, reclamar una devolución.

Situación legal fluida: La Corte Constitucional puede dejar sin efecto algunos o todos estos decretos. Antes de hacer grandes pagos, consulta con tu asesor tributario sobre el estado actual de la emergencia.

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